miércoles, 27 de marzo de 2019

Una primera sentencia sobre los efectos de la Ley 3/2018 en el marco laboral: la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Pamplona, de 18 de febrero de 2019






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El Reglamento General de Protección de Datos resulta de aplicación desde mayo de 2018 siendo una norma directamente aplicable y que no necesita normas internas de transposición y tampoco normas de desarrollo o de aplicación. Es la Ley Orgánica 3/2018 la encargada de adaptar el ordenamiento español al RGPD. Esta Ley ha sido aprobada con un apoyo parlamentario de 93% e introduce novedades mediante el desarrollo de materias contenidas en el reglamento. En torno a la LO 3/2018, ha tenido ocasión de pronunciarse el Juzgado de lo Social nº3 de Pamplona con ocasión de un despido disciplinario probado a través de la captación de imágenes con cámaras de vigilancia instaladas por la empresa.

Los hechos que fundamentaron el pronunciamiento vienen representados por una discusión de dos trabajadores seguida de una pelea, habiendo sido captado todo lo anterior en el centro de trabajo y durante la jornada laboral por unas cámaras de vigilancia de la empresa. Las consecuencias de esta disputa se tradujeron jurídicamente en un despido disciplinario notificado mediante carta de despido en cuyo relato factico se precisa que la discusión entre los dos trabajadores es motivada por una orden de trabajo. En cuanto al cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, entre los hechos probados, señala la sentencia que la empresa tiene contratada una consultoría encargada de gestionar y desarrollar la adaptación y el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos. Se aporta por parte de la empresa un certificado de adecuación al Reglamento General de Protección de Datos en el que se pone de relieve que la consultoría se encarga de las funciones definidas en el art. 39 del Reglamento y entre esas funciones cabe destacar el registro de actividades de tratamiento. En el marco del registro de actividades consta la “videovigilancia de las instalaciones o bienes” puesto que la empresa tiene instaladas cámaras de vigilancia que vienen señaladas con el cartel identificativo de “zona videovigilada” con referencia a la Ley 15/1999.

La sentencia enjuicia la validez de la prueba obtenida mediante la grabación de las cámaras de seguridad atendiendo a lo dispuesto en la Constitución, en la nueva Ley Orgánica 3/2018, en el Convenio de Roma y en la Carta Europea de Derechos Humanos. Al margen de realizar un análisis de las fuentes legales nacionales y supranacionales, el órgano judicial conocedor del asunto evoca la evolución de la jurisprudencia sobre el control empresarial mediante videovigilancia y reafirma la importancia del deber de informar previamente a los trabajadores de la instalación de las cámaras de vigilancia y de la concreta finalidad del sistema implantado. Este deber del empresario de informar implica poner en conocimiento de los trabajadores si las imágenes pueden ser empleadas por el empresario con finalidad sancionadora. El juzgador examina si la regulación contenida en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales respeta lo dispuesto en el reglamento europeo de protección de datos. Para ello, se enfatiza la falta de uniformidad en el criterio jurisprudencial a la hora de conferir una respuesta pacifica sobre los limites de las facultades empresariales en relación con los sistemas de videovigilancia.

La sentencia de primera instancia expone un importante recorrido jurisprudencial recogiendo las principales pautas seguidas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en torno a los requisitos para la validez probatoria de las grabaciones con cámaras. El juzgador concentra en los 23 folios de sentencia el tratamiento jurisprudencial del rigor en el cumplimiento del deber de información previo a los trabajadores para admitir las grabaciones como prueba de la conducta del trabajador.  La doctrina de los casos Barbulescu y López Ribalda sirve de soporte por su análisis del art. 8 del CEDH. En el caso López Ribalda, el TEDH señala que instalar un sistema de videovigilancia sin informar previamente al trabajador implica “una intrusión considerable en su vida privada, y una ilegitima privación del derecho a disponer de los propios datos, ya que el trabajador se ve privado de saber si le están grabando y qué se hace con esas imágenes, perdiendo todo poder de control y disposición sobre sus propios datos”. Este mismo argumento sobre el deber de información previa se recoge en la Recomendación CM/Rec (2015)5 sobre el procesamiento de datos de carácter personal en el ámbito del trabajo.

Después de una intensa exposición de las diversas líneas doctrinales adoptadas por las instancias interpretativas de nuestro país, el Juzgado de lo Social de Pamplona analiza el deber informativo como requisito imprescindible para la validez de las grabaciones audiovisuales desde la óptica del Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter. A la vista de la regulación europea, cabe exigir en el control empresarial un deber informativo previo, concreto y preciso, que englobe el propósito del sistema implantado y sin limitar su contenido a meras reglas prohibitivas o a la colocación del cartel informativo. Volviendo a la ordenación constitucional, el art. 18.4 CE establece dentro del contenido esencial del derecho unas garantías que han de ser respetadas por el empresario. En este supuesto, es necesario que el deber informativo previo permita al trabajador un cabal conocimiento de quién posee los datos personales y para qué se utilizan. La doctrina “flexibilizadora” del TC y del TS que permite al empresario una laxa aplicación del deber de información previa ha de adaptarse a las imposiciones del reglamento europeo. La exigibilidad del reglamento viene justificada por la aplicación directa de la normativa europea y por la primacía frente a las normas de los Estados Miembros que lo contradigan. Se plasman dentro de esta sentencia las tres expresiones fundamentales de la primacía del derecho de la UE: prevalencia del derecho originario sobre el derecho interno, primacía de la jurisprudencia comunitaria sobre la doctrina jurisprudencial de los tribunales de los Estados Miembros y obligada interpretación de la normativa interna atendiendo a la legislación y jurisprudencia comunitarias.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario contrastar las disposiciones de la Ley 3/2018 con el RGPD. La legislación europea en materia de protección de datos consagra unos principios y unas exigencias de fundamental aplicación para garantizar la tutela del derecho a la protección de datos personales. Las definiciones contenidas en el RGPD acerca de qué es lo que hay que entender por “dato personal” y “tratamiento” permiten fácilmente incluir en su ámbito de aplicación la imagen de los trabajadores captada a través de sistemas de videovigilancia dado que posibilita la identificación de estos. El deber de transparencia y el deber informativo regulados en el RGPD imponen una obligación de informar al interesado de la finalidad de la obtención de los datos. Esta conclusión es muy importante en la medida en que la Ley 3/2018 contiene una ordenación expresa de las medidas de control empresarial que afectan al derecho a la intimidad de los trabajadores y al derecho a la protección de datos.

El art. 89 de la Ley 3/2018 se titula “Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y grabación en el lugar de trabajo” llamando la atención la omisión del derecho a la protección de datos personales máxime cuando el art. 22.8 de esta misma ley señala que el tratamiento por el empleador de datos obtenidos a través de sistemas de cámaras o videocámaras se somete a lo dispuesto en el art. 89 de la LO 3/2018. Sin embargo, el art. 89 plantea muchos interrogantes y el primero de ellos gira en torno a la determinación de los límites inherentes al ejercicio de las funciones de control empresarial y al significado de la expresión “acerca de esta medida” al regular el deber de informar al trabajador (“Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa a los trabajadores o a los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida”). Tampoco se concreta si es exigencia legal especificar la finalidad para la que se implantan las medidas de control empresarial y si incluye la finalidad sancionadora en el supuesto de que se graben incumplimientos laborales. Otra omisión sería la relativa al concepto de acto ilícito (“En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos se entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica”). Una primera interpretación de esta disposición normativa puede llevar a concluir que se entiende cumplido el deber informativo con el cartel “zona vigilada” cuando se graba un acto ilícito, lo cual permitiría considerar la prueba válida y sancionar al trabajador. Esta previsión contenida en la LO 3/2018 choca frontalmente con la exigencia de información “previa, expresa, clara y concisa” acerca de la medida de videovigilancia.

Llegados a este punto, podemos constatar que la normativa española no recoge la consagración sin excepciones del deber de transparencia e informativo como sí lo hace el RGPD. La LO 3/2018 se distancia considerablemente del RGPD y no sólo de este dado que los arts. 7 y 8 de la Carta europea de derechos fundamentales establecen el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de datos personales. El art. 8.2 de la Carta recoge que los datos “se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legitimo previsto por la ley”. Recuerda el Juez de Pamplona la consideración de los derechos y principios contenidos en la Carta como pieza integrante del derecho primario y su aplicación directa. En este sentido, toda limitación del ejercicio de los derechos y libertades deberá ser contemplada en la ley respetando siempre su contenido mínimo y el principio de proporcionalidad.

Tras las anteriores consideraciones, el órgano judicial de primera instancia afirma el necesario respeto de los derechos fundamentales del trabajador y la importancia de la información del sistema de videovigilancia implantado. Observando los criterios impuestos desde el ordenamiento jurídico europeo, el empresario ha de concretar si el propósito del sistema de grabación incluye la finalidad sancionadora y cabe interpretar que “el momento en el que debe suministrarse la información sobre la finalidad es precisamente cuando se instalen las cámaras”. Las sospechas de irregularidades cometidas por los trabajadores no exoneran del cumplimiento las exigencias del RGPD y el “acto ilícito” sólo puede ser definido como cualquier acto contrario al ordenamiento jurídico. La sustitución de la anterior “captación de un delito” por “acto ilícito” amplia las facultades sancionadoras del empresario. La exclusión de la exigencia informativa de la finalidad de la videovigilancia contraría el respeto al derecho a la privacidad y a la protección de datos personales conforme a la jurisprudencia del TEDH.
En base a todas estas ideas, se inadmite la prueba consistente en el visionado de las grabaciones realizadas por las cámaras de seguridad de la empresa demandada. Entiende el órgano juzgador que no se han cumplido las exigencias inherentes al respeto al derecho de protección de datos personales del trabajador incluyendo el deber informativo sobre la existencia de sistema de videovigilancia y la propia finalidad para la que se utilizaba. El deber informativo sobre el alcance de las medidas de videovigilancia es una exigencia que ha de observarse más allá de la colocación del cartel informativo.

El Juzgado de los Social número 3 de Pamplona ha aprovechado la oportunidad de hacer una primera valoración interpretativa en torno a la modificación que el RGPD ha introducido en el ordenamiento español a través de la Ley 3/2018 poniendo de relieve el distanciamiento del legislador español de la normativa europea.




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