martes, 31 de diciembre de 2019

Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre: su impacto en la Seguridad Social




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La interinidad del ejecutivo ha paralizado el normal desempeño de la actividad legislativa lo que constituye un obstáculo a la hora de tramitar los instrumentos normativos mediante la vía parlamentaria ordinaria. La repetición electoral y la falta de conformación de gobierno ha determinado la aprobación de ciertas medidas con el objetivo básico de extender alguna de estas cuya vigencia finalizaría a comienzos del 2020. El Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, engloba medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social y consta de siete artículos, cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y una disposición derogatoria. Las materias referidas a cuestiones tributarias y catastrales serán marginadas intencionadamente por cuanto esta bitácora quiere seguir permaneciendo profana a los asuntos de esa índole. Nos interesa, por tanto, las medidas de Seguridad Social previstas en este Real Decreto.


La revalorización de pensiones es uno de los aspectos más preocupantes para los pensionistas y, por ello, el propósito del Gobierno es cumplir con la obligación contraída y comunicada a la Comisión Europea dentro del Plan Presupuestario 2020, asegurando el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los pensionistas en 2020 a través de una actualización de las pensiones del 0,9 por ciento desde el 1 de enero de 2020. No obstante, se recuerda en el Real Decreto que la imposibilidad de aprobar el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para el 2020 obliga a posponer la aplicación de esta medida hasta que el Gobierno tenga plena capacidad propositiva y normativa. Por lo anterior, ha de suspenderse el ámbito aplicativo del art. 58 de la LGSS y del art. 27 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado por tres motivos. El primero motivo reside en el hecho de que este precepto ha sido ampliamente cuestionado en el marco del diálogo social y entre los grupos parlamentarios en el marco del Pacto de Toledo hasta el extremo de que no ha sido observado ni en 2018 ni en 2019 con el objetivo de impedir una revalorización que habría provocado una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas. Por otro lado, la subida de 0,25 por ciento supondría duplicar la realización de un aplicativo informático y el envío de comunicaciones a los beneficiarios con el ulterior incremento de costes y la disminución de la eficiencia del sistema. El tercer motivo reside en que el equilibrio financiero de la Seguridad Social requeriría que la revalorización viniera acompañada de medidas encaminadas a consolidar los ingresos del sistema.

Matiza el texto normativo del Real Decreto que en el 2019 las pensiones han ganado capacidad adquisitiva puesto que la variación media del IPC a lo largo del año resultará sensiblemente inferior a la revalorización del 1,6 por ciento con carácter general y un 3 por ciento para las cuantías mínimas contemplada por el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. También  se justifica en la limitación de la facultad legislativa del gobierno en funciones la conservación de ciertas normas de cotización contempladas en los arts 3 a 9 del Real Decreto-ley 28/2018, referidos a topes y bases máximas de cotización del sistema de Seguridad Social, a la cotización de los sistemas especiales de empleados de hogar y de los trabajadores agrarios por cuenta ajena y propia, a las bases y tipos de cotización del régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, a la cotización en el sistema especial para manipulado y empaquetado de tomate fresco con destino a la exportación y la prolongación de la suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales debidas a la disminución de la siniestralidad laboral.

Se incide en que en 2020 ha de garantizarse el mantenimiento de la legislación previa a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, para determinados colectivos que vieron extinguida su relación laboral antes de 2013. La nueva normativa produciría a los trabajadores que salieron del mercado de trabajo a una edad avanzada sin poder retomar su carrera profesional una afectación directa en sus cotizaciones y prestaciones. Se extiende hasta el final del 2020 por razones de seguridad jurídica y de preservación de la igualdad.

Respecto al SMI, señala el Real Decreto que hasta que se apruebe el real decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el año 2020, se prorrogan los efectos del Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre.

El Capitulo III del Real Decreto es destinado a las “Medidas de materia de Seguridad Social” y el siguiente espacio será dedicado a un escueto repaso de los preceptos que integran este capitulo. En el art. 7.1. a) del Real Decreto se establece que las pensiones de la Seguridad Social, las de las clases pasivas del estado, las causadas al amparo de la legislación especial de guerra y otras prestaciones publicas estatales mantendrán el mismo importe que tuvieran reconocido a 31 de diciembre de 2019, conservándose las cuantías de pensiones y prestaciones, así como los limites consagrados en el anexo I del RDL 28/2018. En el apartado b) del art. 7.1, se dispone la suspensión de lo establecido en los arts. 58 de la LGSS, 27 de la Ley de Clases Pasivas del Estado, 38 y disposición adicional quincuagésima primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018. El art. 7.2 consagra que las cuantías del tope máximo y de la base máxima de cotización en el sistema de Seguridad Social serán las establecidas en el art. 3 del RDL 28/2018. En los siguientes apartados del art. 7 se hace referencia a la regulación de la cotización en los distintos sistemas especiales:

Sistema especial de Empleados de Hogar establecido en el régimen general
Art. 4 del RDL 28/2018
Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios establecido en el régimen general
Art. 5 del RDL 28/2018
Trabajadores por cuenta propia o autónomos del RETA y autónomos del art. 10 de la Ley 47/2015 (trabajadores del mar)
-Bases mínimas de cotización: apartado 1 del art. 6 del RDL 28/2018.
-Tipos de cotización: arts. 7 y 8 del RDL 28/2018 y disposición transitoria segunda del mismo cuerpo legal.
Sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios
Bases y tipos de cotización: art. 9 RDL 28/2018.
Sistema especial para manipulado y empaquetado del tomate fresco con destino a la exportación (dentro del régimen general)
Disposición adicional cuarta del RDL 28/2018.

En el apartado 8 del art. 7 se suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, previsto en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, para las cotizaciones que se generen en 2020. En su último apartado, el art. 7 señala que las cuantías de los haberes reguladores para el cálculo de las pensiones de las clases pasivas del Estado y de las pensiones especiales de guerra serán las dispuestas en el apartado III del Anexo I del RDL 28/2018.

La siguiente disposición con carácter laboral del Real Decreto-ley 18/2019 es la Disposición Adicional Tercera, en la que se prevé la ampliación del plazo de cancelación de préstamos otorgados a la Seguridad Social en 10 años a partir de 2019. Por otro lado, la Disposición Adicional Cuarta versa sobre el pago de deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones sin ánimo de lucro. En este sentido, el Real Decreto dispone que las instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, acogidas a la moratoria prevista en la disposición adicional trigésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995, podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la ampliación de la carencia concedida a 25 años, junto con la ampliación de la moratoria concedida hasta un máximo de 10 años con amortizaciones anuales. Añade esta disposición que cuando las instituciones sanitarias referidas sean declaradas en situación de concurso de acreedores, a partir del 29 de diciembre de 2019, la moratoria quedará extinguida desde la facha de dicha declaración.

Siguiendo con la sucesión de disposiciones contenidas en el Real-Decreto, en la disposición adicional quinta, se prorroga el plazo de vigencia del Real-Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019. Por último, la disposición final primera modifica el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social garantizándose durante el 2020 el mantenimiento de la normativa previa a la Ley 27/2011, para determinados colectivos que vieron extinguida su relación laboral antes de 2013.

Sin más añadidos, esta bitácora se despide hasta el año que viene.

lunes, 30 de diciembre de 2019

CC.OO y su Agenda social para la mayoría





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Con las miras puestas en el nuevo año y despidiéndonos de los últimos instantes del 2019, es importante hablar del futuro y de aquello que CC.OO ha denominado una Agenda social para la mayoría. Esta relevancia en la que insistimos se justifica en la propia esencia de la acción sindical pues ésta y el conflicto constituyen elementos fundamentales del diseño sindical. En un imaginario social tumultuoso y salpicado por las trazas cada vez más espesas del nuevo despertar ultraderechista, es fundamental insistir en la corrección de las reformas de austeridad y la devolución de los derechos sociales arrebatados a las trabajadoras y trabajadores bajo pretexto de la crisis económica. Frente a las fuerzas políticas destructoras de la ciudadanía social, hay que responder impugnando las desigualdades sociales, los disfraces lingüísticos y los discursos déspotas y retrogradas adoptados por partidos cuya constitucionalidad es cuestionable. Todos estamos de acuerdo con que las nuevas coordenadas políticas existentes en el Congreso y el fin del bipartidismo constituyen para los políticos españoles un verdadero reto y la exigencia de entendimiento para la constitución de un gobierno progresista. Confiemos en que tras la respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial en torno a la inmunidad de los políticos catalanes, la convergencia de fuerzas políticas para alcanzar un gobierno progresista aún sea posible. La apertura de un marco de diálogo social con el nuevo gobierno es fundamental para frenar este proceso de deshumanización social al que asistimos y los sindicatos representan la voz que necesariamente ha de alzarse para impedirlo.

Al margen de todas las mutaciones políticas y repeticiones electorales, la transformación sustancial del trabajo requiere un replanteamiento integral del quehacer colectivo y su relación con todos los aspectos generados por el mercado de trabajo. Por supuesto que las cuestiones políticas han dirigido la atención hacia otros temas, sin embargo, todos los paradigmas sociales y laborales requieren respuestas y soluciones. En este sentido, el 19 de diciembre se publicaba el Informe al Consejo Federal FSC-CC.OO en cuyo contenido encontramos varias medidas sociales de especial interés. Los 24 folios del informe comienzan retratando el resultado electoral de las elecciones generales del 10N, pero también reflejando la posición confederal frente al gobierno de coalición: “el movimiento sindical será exigente y proactivo en este objetivo…/…no puede seguirse alimentando a la ultraderecha”. Señalan que “hay que armar la respuesta sindical, ser capaces de promover iniciativas concretas que se transformen en programas, en la presentación de demandas sindicales y sociopolíticas”. Pero lo más importantes es que el Consejo Confederal ha aprobado el informe presentado por Unai Sordo, en el que se propone una “Agenda social para la mayoría”.

Después de una interpretación de las consecuencias electorales del 10N, el sindicato aborda en el informe los objetivos de la Comisión Europea y su importancia para la estrategia sindical: Pacto Verde Europeo, la Europa Digital y la economía al servicio de las personas. La Comisión Europea también pretende avanzar en la conformación del Pilar Europeo de Derechos Sociales y a conseguir un salario mínimo europeo. El Brexit está entre las preocupaciones europeas por su influencia en la tradicional correlación de fuerzas y por la victoria de Boris Johnson, que reafirma el abandono de Reino Unido con fecha 31 de enero de 2020.

La desaceleración económica se intensifica en el cuadro macroeconómico presentado por el gobierno previéndose un crecimiento económico del 1,8% para 2020, de 2% en el empleo y una tasa de paro que se situará en el 12,3%. Sin embargo y a pesar de todos los porcentajes que sostienen la desaceleración, España sigue creciendo por encima de la media de los países de la zona euro gracias al consumo de los hogares y de la demanda interna. El informe sostiene que la ralentización económica ha de ser remediada a través del aumento del SMI hasta el 60% del salario medio, incremento de la inversión pública, contención del precio de la vivienda y garantía de un sistema tributario suficiente y progresivo. Unai Sordo pone de relieve la necesidad de alcanzar un acuerdo en el gobierno que vaya más allá de la investidura: “Se debe alcanzar un acuerdo de legislatura, en el que la aprobación del PGE y la agenda reformista sean decisiones prioritarias […] Porque una legislatura fallida podría tener unas consecuencias impredecibles para las izquierdas en España y para la mayoría social de este país”. El secretario general de CC.OO considera que el gobierno de coalición progresista ha de iniciar su andadura teniendo como premisa básica el diálogo social pues representa un “estabilizador ante la polarización política”.

Entre los principales propósitos de la Agenda social para la mayoría, la reivindicación del incremento del SMI no cesa, así como tampoco se desiste de la petición de crecimiento del mismo hasta situarlo en el 60% del salario medio tal y como recomienda la Carta Social Europea. Para alcanzar la elevación del salario a niveles decentes, hay que impulsar la negociación colectiva “como palanca para disputar los excedentes empresariales” y poner en marcha un fondo solidario para reforzar y apoyar la acción sindical en los conflictos laborales que tengan como objetivo conseguir la reivindicación de los 14.000 euros como salario mínimo de convenio. Otro tema estelar dentro de la agenda será la implantación de los planes de igualdad y en este sentido la reforma impulsada por el RD 6/2019 constituye un avance importante para poner fin a la brecha de género. No obstante, el dialogo social y la negociación colectiva son piezas centrales para una sociedad igualitaria y para completar la aportación del RD 6/2019. Las políticas sociales y de igualdad no se ausentan del informe, el cual recoge que “hoy más que nunca es importante formar y sensibilizar a la organización para luchar contra el discurso de odio que está presente en nuestra sociedad, discurso de odio que ha provocado agresiones a personas de diferentes colectivos, como menores no acompañados, personas migrantes o personas LGTBI”.

Entre las medidas que integrarán la Agenda, se prestará atención a otro problema social fundamental que es la situación actual de los jóvenes. El sindicato pretende fomentar la participación de la juventud en el sindicato.  La afiliación a CC.OO alcanza las 966.000 personas y de ellas aproximadamente 50.000 tienen menos de 31 años. El secretario general de CC.OO denuncia la alta precariedad que caracteriza la situación laboral de los jóvenes en España y señala que “exige del sindicato un esfuerzo creciente en la labor de representación en las pequeñas y medianas empresas”. En el informe se plasma la importancia de “atajar el problema que tenemos con las personas jóvenes y escuchar sus demandas, o caeremos en un debate estéril que queda muy bien en una fotografía, pero es inútil para avanzar en la construcción de un sindicato renovado y más pegado a la realidad”.

CC.OO lanza una “Agenda social para la mayoría” y plantea medidas importantes encaminadas a garantizar un modelo fiscal justo, progresivo y redistributivo y que se regule el acceso a la vivienda. En materia fiscal, CC.OO persigue alcanzar los niveles de ingresos y gastos de la eurozona a través de la adopción de medidas en relación al impuesto sobre la renta, impuesto de sociedades, IVA e impuestos sobre la riqueza y también a través de la eliminación del fraude. Respecto al tema de la vivienda, CC.OO plantea dos ejes de actuación: regular el mercado de alquiler e impulsar un parque publico de alquiler. En cuanto al primer eje, las medidas que se proponen son: control del precio máximo del alquiler residencial en zonas tensionadas, garantizar un amplio parque publico/privado de viviendas de alquiler a precio tasado, un plan de rehabilitación residencial vinculado al alquiler social de esas viviendas y, en último lugar, dejar de incentivar y subvencionar la vivienda como un bien de inversión. El segundo eje señala que el plan estatal de vivienda debe concentrarse prioritariamente en el alquiler, en aumentar el parque público de alquiler social que dé respuesta a las necesidades urgentes de vivienda, en destinar el alquiler publico a la edificabilidad reservada a la vivienda protegida y en extender la dación en pago de la vivienda habitual.

Una vez más, en medio de la vorágine política, el sindicalismo pone la primera piedra en la edificación de un acervo de medidas e ideas destinadas a la defensa de la solidaridad buscando poner fin a la precariedad, exclusión social, injusticias y desigualdades crecientes que se cobijan en nuestra sociedad. Sin duda, la transformación social será resultado de la acción colectiva como freno de un capitalismo cada vez más globalizado y absorbente.