martes, 31 de diciembre de 2019

Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre: su impacto en la Seguridad Social




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La interinidad del ejecutivo ha paralizado el normal desempeño de la actividad legislativa lo que constituye un obstáculo a la hora de tramitar los instrumentos normativos mediante la vía parlamentaria ordinaria. La repetición electoral y la falta de conformación de gobierno ha determinado la aprobación de ciertas medidas con el objetivo básico de extender alguna de estas cuya vigencia finalizaría a comienzos del 2020. El Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, engloba medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social y consta de siete artículos, cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y una disposición derogatoria. Las materias referidas a cuestiones tributarias y catastrales serán marginadas intencionadamente por cuanto esta bitácora quiere seguir permaneciendo profana a los asuntos de esa índole. Nos interesa, por tanto, las medidas de Seguridad Social previstas en este Real Decreto.


La revalorización de pensiones es uno de los aspectos más preocupantes para los pensionistas y, por ello, el propósito del Gobierno es cumplir con la obligación contraída y comunicada a la Comisión Europea dentro del Plan Presupuestario 2020, asegurando el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los pensionistas en 2020 a través de una actualización de las pensiones del 0,9 por ciento desde el 1 de enero de 2020. No obstante, se recuerda en el Real Decreto que la imposibilidad de aprobar el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para el 2020 obliga a posponer la aplicación de esta medida hasta que el Gobierno tenga plena capacidad propositiva y normativa. Por lo anterior, ha de suspenderse el ámbito aplicativo del art. 58 de la LGSS y del art. 27 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado por tres motivos. El primero motivo reside en el hecho de que este precepto ha sido ampliamente cuestionado en el marco del diálogo social y entre los grupos parlamentarios en el marco del Pacto de Toledo hasta el extremo de que no ha sido observado ni en 2018 ni en 2019 con el objetivo de impedir una revalorización que habría provocado una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas. Por otro lado, la subida de 0,25 por ciento supondría duplicar la realización de un aplicativo informático y el envío de comunicaciones a los beneficiarios con el ulterior incremento de costes y la disminución de la eficiencia del sistema. El tercer motivo reside en que el equilibrio financiero de la Seguridad Social requeriría que la revalorización viniera acompañada de medidas encaminadas a consolidar los ingresos del sistema.

Matiza el texto normativo del Real Decreto que en el 2019 las pensiones han ganado capacidad adquisitiva puesto que la variación media del IPC a lo largo del año resultará sensiblemente inferior a la revalorización del 1,6 por ciento con carácter general y un 3 por ciento para las cuantías mínimas contemplada por el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. También  se justifica en la limitación de la facultad legislativa del gobierno en funciones la conservación de ciertas normas de cotización contempladas en los arts 3 a 9 del Real Decreto-ley 28/2018, referidos a topes y bases máximas de cotización del sistema de Seguridad Social, a la cotización de los sistemas especiales de empleados de hogar y de los trabajadores agrarios por cuenta ajena y propia, a las bases y tipos de cotización del régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, a la cotización en el sistema especial para manipulado y empaquetado de tomate fresco con destino a la exportación y la prolongación de la suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales debidas a la disminución de la siniestralidad laboral.

Se incide en que en 2020 ha de garantizarse el mantenimiento de la legislación previa a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, para determinados colectivos que vieron extinguida su relación laboral antes de 2013. La nueva normativa produciría a los trabajadores que salieron del mercado de trabajo a una edad avanzada sin poder retomar su carrera profesional una afectación directa en sus cotizaciones y prestaciones. Se extiende hasta el final del 2020 por razones de seguridad jurídica y de preservación de la igualdad.

Respecto al SMI, señala el Real Decreto que hasta que se apruebe el real decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el año 2020, se prorrogan los efectos del Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre.

El Capitulo III del Real Decreto es destinado a las “Medidas de materia de Seguridad Social” y el siguiente espacio será dedicado a un escueto repaso de los preceptos que integran este capitulo. En el art. 7.1. a) del Real Decreto se establece que las pensiones de la Seguridad Social, las de las clases pasivas del estado, las causadas al amparo de la legislación especial de guerra y otras prestaciones publicas estatales mantendrán el mismo importe que tuvieran reconocido a 31 de diciembre de 2019, conservándose las cuantías de pensiones y prestaciones, así como los limites consagrados en el anexo I del RDL 28/2018. En el apartado b) del art. 7.1, se dispone la suspensión de lo establecido en los arts. 58 de la LGSS, 27 de la Ley de Clases Pasivas del Estado, 38 y disposición adicional quincuagésima primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018. El art. 7.2 consagra que las cuantías del tope máximo y de la base máxima de cotización en el sistema de Seguridad Social serán las establecidas en el art. 3 del RDL 28/2018. En los siguientes apartados del art. 7 se hace referencia a la regulación de la cotización en los distintos sistemas especiales:

Sistema especial de Empleados de Hogar establecido en el régimen general
Art. 4 del RDL 28/2018
Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios establecido en el régimen general
Art. 5 del RDL 28/2018
Trabajadores por cuenta propia o autónomos del RETA y autónomos del art. 10 de la Ley 47/2015 (trabajadores del mar)
-Bases mínimas de cotización: apartado 1 del art. 6 del RDL 28/2018.
-Tipos de cotización: arts. 7 y 8 del RDL 28/2018 y disposición transitoria segunda del mismo cuerpo legal.
Sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios
Bases y tipos de cotización: art. 9 RDL 28/2018.
Sistema especial para manipulado y empaquetado del tomate fresco con destino a la exportación (dentro del régimen general)
Disposición adicional cuarta del RDL 28/2018.

En el apartado 8 del art. 7 se suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, previsto en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, para las cotizaciones que se generen en 2020. En su último apartado, el art. 7 señala que las cuantías de los haberes reguladores para el cálculo de las pensiones de las clases pasivas del Estado y de las pensiones especiales de guerra serán las dispuestas en el apartado III del Anexo I del RDL 28/2018.

La siguiente disposición con carácter laboral del Real Decreto-ley 18/2019 es la Disposición Adicional Tercera, en la que se prevé la ampliación del plazo de cancelación de préstamos otorgados a la Seguridad Social en 10 años a partir de 2019. Por otro lado, la Disposición Adicional Cuarta versa sobre el pago de deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones sin ánimo de lucro. En este sentido, el Real Decreto dispone que las instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, acogidas a la moratoria prevista en la disposición adicional trigésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995, podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la ampliación de la carencia concedida a 25 años, junto con la ampliación de la moratoria concedida hasta un máximo de 10 años con amortizaciones anuales. Añade esta disposición que cuando las instituciones sanitarias referidas sean declaradas en situación de concurso de acreedores, a partir del 29 de diciembre de 2019, la moratoria quedará extinguida desde la facha de dicha declaración.

Siguiendo con la sucesión de disposiciones contenidas en el Real-Decreto, en la disposición adicional quinta, se prorroga el plazo de vigencia del Real-Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019. Por último, la disposición final primera modifica el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social garantizándose durante el 2020 el mantenimiento de la normativa previa a la Ley 27/2011, para determinados colectivos que vieron extinguida su relación laboral antes de 2013.

Sin más añadidos, esta bitácora se despide hasta el año que viene.

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