lunes, 13 de enero de 2020

STC 146/2019: libertad de expresión del trabajador versus deber de lealtad empresarial



                              Resultado de imagen de libertad de expresión





El pasado 6 de enero de 2020, el Tribunal Constitucional tenía la oportunidad de volver a pronunciarse en torno a dos derechos siempre en disputa en el escenario laboral: la libertad de expresión y el poder de dirección y control del empresario. Es menester, antes de retratar los argumentos jurídicos del Tribunal Constitucional, reflejar de manera escueta los hechos que condujeron a este fallo, así como el iter procesal. El Ayuntamiento de Baracaldo había adjudicado la gestión de las instalaciones del “Centro de día La Paz” a la empresa Clece, donde el trabajador-demandante prestaba sus servicios en virtud de contrato temporal. El germen factico de esta sentencia proviene de un conflicto entre el trabajador y su empresa como consecuencia de la manifestación por parte del primero de su descontento con los servicios prestados por la empresa ante el Ayuntamiento de Baracaldo. La actuación del trabajador tuvo como primera consecuencia la entrega de una carta de advertencia por parte de la empresa en la que se le señala la inexistencia de vinculo laboral con el consistorio, así como el carácter perjudicial de su conducta y el cuestionamiento de la profesionalidad de la empresa. Los hechos no se detuvieron ahí y la empresa entregó al trabajador una carta de despido disciplinario por falta muy grave de indisciplina o desobediencia en el trabajo, disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo pactado y transgresión de la buena fe contractual. Para dar contenido a esta cadena de causas disciplinarias alegadas por la empresa, se hace constar que el trabajador ha bajado su rendimiento en un 70 por 100 respecto a sus compañeros y sus resultados y calidad de servicios son poco satisfactorios para la empresa. La empresa justifica el despido en la falta de mejora de la prestación de servicios por el trabajador y la mala comunicación de este con el equipo y sus superiores, así como su pasividad durante las reuniones. El trabajador no atendía a su jornada parcial permaneciendo en el centro de trabajo más horas de las estipuladas en el contrato y realizaba peticiones de material innecesario para ese centro.  Toda esta enumeración de causas (in)justificando el despido han determinado al trabajador a formular demanda de despido en la que alegó la incorreción formal del despido por falta de expediente contradictorio e inconcreción de la carta de despido. Por otro lado, el trabajador, interesó la calificación del despido como nulo al constituir una represalia por el ejercicio de la libertad de expresión ostentado.

Prosiguiendo con el iter procesal, el Juzgado de lo Social núm 7 de Bilbao declaró la nulidad del despido por vulneración del derecho a la libertad de expresión al considerar que concurrían indicios que probaban que la decisión extintiva era el resultado de las denuncias presentadas por el actor. Seguidamente, la empresa interpuso recurso de suplicación interesando la revocación de la calificación del despido como nulo. Sometido el asunto al examen del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, esta segunda instancia concluyo que la conducta del trabajador no podía ser considerada como ejercicio de libertad de expresión “al tratarse de un proceder atípico por la inoportunidad del organismo al que se dirigió y constituir una transgresión de la buena fe contractual”. Según el TSJ, la conducta del trabajador podría ser resumida en el planteamiento de “reivindicaciones laborales por el cauce inadecuado, e inmiscuirse en denuncias para las que no estaba legitimado y que, por no haber quedado acreditadas, fueron meras apreciaciones cuya sola mención ante el ayuntamiento causaron a la empresa un perjuicio injusto”. Por todo lo anterior, el TSJ estimó el recurso de suplicación revocando la sentencia de instancia y declarando la improcedencia del despido por razones formales. Más acertado resulta el voto particular de la sentencia dictada por el TSJ, que pone de manifiesto que concurren suficientes indicios que permiten vincular el cese del trabajador con la denuncia que este presentó en el ayuntamiento, sin que la demandada hubiese probado que se actuó disciplinariamente por motivos ajenos al móvil de represalia, tal y como exige la doctrina constitucional sobre inversión de la carga de la proba. El recurrente interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina sin éxito pues el Tribunal Supremo lo inadmitió a trámite por falta de contradicción entre el pronunciamiento impugnado y el presentado.

El recurrente arguye en la demanda de amparo que el fallo del TSJ vulnera el derecho a la libertad de expresión y de información al entender que el hecho de efectuar determinadas protestas ante el ayuntamiento titular del servicio prestado no queda amparado por aquellos derechos. Además, se pone de relieve que no queda probado que las reivindicaciones se hiciesen para causar daño a la empresa o que el daño se hubiese producido. Señala el recurrente que la sentencia del TSJ realizó una interpretación restrictiva del derecho a la libertad de expresión, lo cual supone “el sometimiento pleno del trabajador a los intereses de las organizaciones en las que presta servicios”. Por todo lo anterior, el recurrente cuestiona “si cualquier reclamación o queja, ya sea del tipo laboral o propiamente relacionada con la gestión del centro, por el mero hecho de ser planteada por el trabajador ante el titular del servicio constituye una infracción de la buena fe en el marco de una relación laboral, o si ejercida de manera correcta, las mismas quedan amparadas en el legitimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión, opinión e información, y por lo tanto, el despido por la existencia de tales reclamaciones debe considerarse nulo, por violación de los derechos fundamentales referidos”.

Admitido a trámite el recurso de amparo, se dio traslado al Ministerio Fiscal para que este formulará sus alegaciones. Sintetizando las consideraciones del Fiscal, este incide en la importancia de las pruebas aportadas pues tan sólo se cuenta con la carta de despido sin existir prueba fehaciente de las reivindicaciones realizadas por el trabajador ante el ayuntamiento. Abandonando el tema de los hechos probado, el fiscal cuestiona si los hechos que dieron lugar a la controversia supusieron una extralimitación en el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión. Dando respuesta a esta cuestión, el fiscal pone de relieve que las manifestaciones realizadas por el trabajador fueron llevadas ante el ayuntamiento, un tercero que no debía permanecer ajeno a lo que sucedía en el centro. Respecto a la intencionalidad del trabajador de causar un daño a la empresa, entiende que no concurre pues el trabajador primero formuló sus quejas ante la misma empresa y sólo ante la negativa de esta decidió dirigirse al ayuntamiento. Atendiendo al contexto y al contenido de las formulaciones expresadas por el trabajador, el fiscal interpreta que el trabajador actúo dentro del ejercicio a la libertad de expresión. A todo lo anterior, el fiscal añade que es de manifiesta importancia que las reivindicaciones del trabajador versarán sobre la prestación de un servicio público pues en este caso habría que dar mayor peso a la libertad de expresión que al deber de buena fe entre las partes contractuales. En lo que concierne a la libertad de información, el fiscal recalca que esta exige que la información que se facilite sea veraz y en este caso no se puede determinar la veracidad de los mismos, por lo que los hechos probados solo pueden encuadrarse en el marco de la libertad de expresión. Por último, el fiscal plantea que en el supuesto de que no se apreciase que las protestas realizadas se encontraban amparadas en el derecho a la libertad de expresión, podría considerarse lesionada la “garantía de indemnidad” dado que el trabajador al margen de manifestar las deficiencias del servicio también planteo reivindicaciones laborales. Tampoco obvia el fiscal la doctrina constitucional de la carga de la prueba y partiendo de ella señala que el trabajador presentó indicios suficientes para demostrar la proximidad temporal entre la carta de advertencia y la de despido, la levedad y la escasa concreción de los motivos del despido y el que se manifestara en la carta de despido tanto las denuncias de irregularidades realizadas por el trabajador como que el mismo no hubiera hecho constar tal circunstancia en las reuniones de equipo. Todo lo anterior, invirtió la carga de la prueba sin que la empresa demandada acreditara la existencia de los motivos del despido diferentes a las reivindicaciones del trabajador ante el ayuntamiento. El fiscal solicita que se conceda el amparo solicitado y que se declare la vulneración de la libertad de expresión del trabajador y la nulidad de las resoluciones impugnadas.

Tras las anteriores líneas expositivas, concierne a continuación conocer los fundamentos jurídicos. El Tribunal Constitucional realiza en el primer fundamento jurídico un repaso de las pretensiones de las partes y objeto del recurso pasando a renglón seguido a abordar la especial trascendencia constitucional del recurso. En cuanto a esta última cuestión, entiende el Interprete Constitucional que su resolución podría dar la oportunidad de aclarar o cambiar su doctrina. El recurso confiere al Tribunal la oportunidad de concretar la doctrina constitucional atendiendo a las características o elementos concurrentes y máxime cuando los limites sobre el ejercicio de tales derechos han de ser precisados caso a caso. También se realizan unas consideraciones previas en torno a las alegaciones efectuadas por el fiscal: la primera se refiere al lapsus del fiscal a la hora de solicitar el amparo por “vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de expresión del demandante” y la segunda se refiere a la afectación del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad al considerar que el despido supuso una represalia por las reclamaciones laborales realizadas por el trabajador ante el ayuntamiento.

En cuanto a la delimitación del derecho afectado, el Tribunal diferencia entre “el derecho que garantiza la libertad de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones (concepto amplio que incluye las apreciaciones y los juicios de valor) y el derecho a comunicar información, que se refiere a la difusión de aquellos hechos que merecen ser considerados noticiables”. En el caso que nos ocupa, “fueron las opiniones y juicios de valor del recurrente en amparo, y no el juicio sobre la veracidad y el carácter noticiable de los hechos en los que se pudieron apoyar, el fundamento de la decisión extintiva y el autentico objeto de las resoluciones judiciales cuya revisión se solicita en este procedimiento constitucional”. Respecto a la libertad de expresión, señala el TC que el derecho a la libertad de expresión comprende no sólo la expresión de juicios de valor sino también la critica de la conducta de otro porque “así lo requiere el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sino los cuales no existe sociedad democrática”. Fuera del marco de la libertad de expresión “se sitúan las frases ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opinión que se expongan, y, por tanto, innecesarias a este propósito, dado que la libertad de expresión no comprende el derecho al insulto”.
Interpreta el TC que la conducta del trabajador se desarrollo dentro del marco de la libertad de expresión reconocida en el art. 20.1.a) CE siendo este un derecho que no ha de ceder ante un deber de lealtad entendido como “sujeción indiferenciada del trabajador al interés empresarial”. El TC falla declarando que ha sido vulnerado el derecho a la libertad de expresión del trabajador y reestablece el derecho del trabajador declarando la nulidad de la sentencia del TSJ del País Vasco.

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